La ley

Ser usuario de drogas es estar fuera de la sociedad. O, peor aún, es estar contra la sociedad. Es representar un peligro potencial, una fuente de temor y riesgo para los demás que debe ser acotada, controlada, encerrada, vigilada, readaptada si es posible. Si se es usuario de drogas, el ordenamiento jurídico actual, el régimen de la aún vigente ley 23.737, ofrece dos caminos con destinos apenas divergentes y que tienen las restricciones a la libertad como elemento común: se es delincuente o se es enfermo.

Pero ya iniciado un proceso judicial, ya puesta a funcionar la maquinaria jurídica y represiva, la diferencia entre ser declarado enfermo o delincuente no es menor. No es igual un tratamiento de “rehabilitación para adictos” que los métodos de los agentes penitenciarios de cualquier cárcel del país.

Y entonces el problema es que la Ley de Drogas, aplicada durante las últimas dos décadas, no establece siquiera criterios claros para determinar de qué lado se está de la fina línea que separa las figuras de la tenencia simple y la tenencia para consumo. Así, a la ominosa legislación se le suma la arbitrariedad de los jueces que deben decidir sobre qué tipo de inadaptado es el acusado.

En ese momento del proceso la ley se hace a un lado para dar paso a representaciones de la medicina, la psiquiatría y el sentido común que se ponen en juego para definir al acusado y argumentar esa definición. Familiares, amigos, testigos son escuchados para que un tribunal pueda establecer qué clase de peligro representa el sospechoso, de qué forma habrá que encerrarlo.

La antropóloga Florencia Corbelle, autora de La construcción del consumidor de drogas en el proceso judicial, explica que así “la mirada se posa no sobre lo que se hizo, no sobre el acto, sino sobre el actor, sobre la persona, y no sobre lo que pasó, sobre la acción realizada, sino sobre lo que es capaz de hacer el imputado”.

Si el juez considera que la acción juzgada fue realizada por alguien que no sufre desórdenes psicológicos ni muestra ningún indicio de adicción, entonces es alguien que actuó de modo plenamente racional, consciente de sus actos, con libertad y de forma autónoma y, por lo tanto, se trata de un delincuente. Por el contrario, los adictos son considerados dependientes, sin dominio de sí, incapaces de construir un proyecto de vida, irracionales y carentes de capacidad de elección. Son, en definitiva, considerados no-personas y, de ese modo, aparece la dimensión social de la adicción como enfermedad. En cualquier caso, delincuente o enfermo, las dos únicas opciones planteadas por la ley, deben ser castigados y apartados de la sociedad por peligrosos.

Las falsas alternativas planteadas por la 23.737 desde 1989 no llegaron de la nada. El contexto en el que esa legislación salió del Congreso estuvo marcado por la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que en 1988 comprometió a los países que la firmaron a establecer como delito la posesión, compra o cultivo de drogas controladas para fines de consumo personal. Y antes estuvo signado por la “guerra contra las drogas” iniciada en 1986 por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, que montó sus políticas antidrogas sobre el pánico generado por la aparición del crack: una nueva forma de la cocaína que se expandió muy rápido y que con la invalorable ayuda de los medios de comunicación hizo creer que era capaz de derruir los cimientos de la sociedad norteamericana.

Pero ese marco no siempre fue igual. En 1986 la ilusión de una ley sobre drogas que no persiguiera a los consumidores fue más real que nunca. El Senado aprobó en general un proyecto que no castigaba a los usuarios, no aplicaba medidas curativas sin consentimiento previo, contemplaba penas graduadas en función de la cantidad de droga traficada y no consideraba delitos la tenencia, el cultivo, la siembra y el transporte cuando fueran llevados a cabo por consumidores. El sueño duró apenas una semana, hasta que los legisladores trataron los artículos en particular y desvirtuaron por completo el proyecto. Algunos nombres de aquella vez aún perduran: el juez de la Corte Raúl Zaffaroni fue uno de los asesores para la elaboración del texto, mientras que los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa fueron dos de los más fuertes opositores a su aprobación.

En esa oportunidad, la ley estuvo muy cerca de coincidir con los veredictos despenalizadores que florecían en distintos tribunales de primera instancia y con el fallo Bazterrica de la Corte que consideró inconstitucional penar la tenencia para consumo personal. Aquella vez no sucedió, pero aún puede ocurrir.

Este texto fue publicado en la edición especial «Derechos Humanos y despenalización» de la revista THC

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