Paco (un informe inédito, hasta ahora)

Hace poco más de dos años me encargaron un informe sobre el consumo de pasta base de cocaína, conocida como paco, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Por motivos que en rigor desconozco, aunque deben ser de una intrascendencia soberbia, el texto, que según mis editores estaba muy bien, jamás se publicó. Muy tarde, lo subo aquí con la esperanza de que alguien  le dedique al menos una mirada.

“Esto no es un problema de drogas”, sentencia Gustavo Barreiro, uno de los encargados del Centro San Alberto Hurtado, en Barracas, que asiste a jóvenes con consumo problemático de paco de las villas 21-24 y Zabaleta. Acaba de entrar y de saludar con besos, abrazos y “hermanitos” a cuatro chicos, dos chicas y al bebé de una de ellas. Los seis son algunos de los que intentan alejarse de lo que para ellos se volvió adicción. Pero Gustavo insiste con la premisa que le transmitió el padre Pepe di Paola cuando lo convocó para la tarea. “Esto no es un problema de drogas”, le confió. Y así comenzaron a desarrollar tareas comunitarias para frenar lo que la aparición del paco estaba agudizando y sacando a la luz como nunca antes. La rápida expansión de la sustancia se había iniciado con el estertor final de los noventa que fue la crisis de 2001-2002 y la devaluación que le siguió. Las políticas de drogas no ofrecieron resistencia y apenas si lo hizo el sistema de salud. Los últimos años de crecimiento económico tampoco aplacaron el fenómeno: en 2008 dos de cada tres personas que llegaron en busca de tratamientos contra las adicciones a entes dependientes del Ministerio de Desarrollo Social porteño afirmaban que el paco había sido la droga que más daño les había causado.

El consumo de drogas y la violencia ya estaban presentes en esta villa de más de 45.000 mil habitantes cuando llegó el padre Pepe a la parroquia Nuestra Señora de Caacupé, en 1997. La situación, sin embargo, parecía estar controlada. El comienzo del nuevo milenio les hizo notar que el deterioro se aceleraba con el paco actuando como catalizador. La idea de Pepe de dejar el trabajo en drogas a los expertos quedó a un lado. El problema no sólo afectaba a los consumidores, también a sus familias, a los vecinos, a toda la comunidad.

Nuevas dificultades se sumaban por las particularidades del consumo. “El paco tiene algo que te desacomoda –explica Barreiro–. Te deja expuesto por esta necesidad de consumir y consumir. Perdés el apetito, la noción del tiempo y cuando te querés dar cuenta ya pasaste dos, tres días, una semana en la calle. Estás flaco, estás sucio, no sabés con quién estuviste.”

Para chicos que no tienen ofertas mejores, no es difícil llegar a la primera. La ausencia de proyectos, las familias desacomodadas, con madres y padres que se pasan el día trabajando, y las casas en las que el hacinamiento los expulsa a la calle o el pasillo configuran el escenario ideal.

Cuando desde la parroquia decidieron enfrentar el problema tenían pocas ideas claras. Una era que debían evitar el sistema de internaciones largas en comunidades terapéuticas porque de ese modo el fracaso estaba asegurado. El proceso que siguen quienes buscan una alternativa al consumo puede ser muy diverso. La puerta de entrada es el Centro San Alberto Hurtado. Allí llegan los jóvenes todos los mediodías con Gustavo, que los pasa a buscar por la villa, almuerzan y después participan de un grupo terapéutico en el que todos aprenden de todos. Hay espacio para practicar deportes, talleres y tener intervenciones individuales con psicólogos y psiquiatras. Los que lo necesitan tienen la posibilidad de pasar seis meses en una granja con la que, según Barreiro, lograron una tasa de tratamientos exitosos nueve veces mayor que la de las comunidades que ofrece la Sedronar.

¿Y qué pasa cuando terminan con la etapa de tratamiento? A partir de ese momento, buscan acompañarlos en la vida cotidiana, ayudarlos en la vuelta al hogar o en el inicio de uno nuevo. Para eso idearon un sistema de casas amigables, en las que los jóvenes pueden realizar una transición hasta que consiguen un lugar donde vivir, y una cooperativa de acompañantes de usuarios de paco, con la que los mismos chicos ayudan a otros que están más complicados que ellos, los acompañan a una internación, los visitan, les llevan un medicamento.

Ana Clara Camarotti es socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani y durante dos años trabajó en la parroquia para generar un espacio que contenga a las mujeres consumidoras de paco. Cree que si el trabajo que realizan allí funciona es porque “se puso en el centro de la escena la idea de que es un problema de toda la comunidad”. “La lógica –explica– es que hay que sumar y todos tienen que hacerse cargo. También se incorporó la no obligatoriedad de dejar el consumo para ir al centro. La idea es proponerles a los chicos una alternativa”.

Para Barreiro, las claves son “la presencia territorial, haber entendido que si alguno no quiere o no necesita internarse, hay que encontrarle otra vuelta, tener muy presentes todas las herramientas de inclusión: un trabajo, un lugar donde vivir, saber que no hay una cosa exacta y saber escuchar”.

La expansión del paco o la pasta base de cocaína en la Argentina fue un proceso complejo. La mecha la encendió el cambio del valor del peso con respecto al dólar debido a la devaluación de 2002. Esa fue la causa principal para que el país ocupara un nuevo lugar en la industria del clorhidrato de cocaína. Del mismo modo que comenzaba a ser mucho más conveniente exportar soja o juguetes, también se hacía más rentable vender cocaína al exterior que en el mercado interno.

Un informe de la Asociación Intercambios –uno de los pocos disponibles sobre ese mercado– indica que entre 2002 y 2005 se registró un “incremento del número de laboratorios de producción de cocaína hallados” por fuerzas de seguridad. Ese dato mostraba que la Argentina dejaba de ser “un país de tránsito del clorhidrato de cocaína para convertirse en un lugar de producción en la etapa final”.

El pasaje de la compra de cocaína a la de pasta base implica varias ventajas para los narcos, a pesar de la mayor logística necesaria para su procesamiento. La pasta base puede conseguirse en la frontera con Bolivia a entre el 10 y el 20 por ciento del valor del clorhidrato. Eso les permite tener un mayor margen de ganancia, disminuir las pérdidas en caso de que falle el transporte de un cargamento y controlar la calidad del producto final, algo fundamental para la venta a mercados como el europeo o japonés. “Lo que influiría decisivamente en la mayor presencia de pasta base de cocaína sería una reterritorialización del circuito cultivo – producción – exportación”, sostiene la investigación de Intercambios.

Junto con esos laboratorios, surgieron lo que llaman “cocinas familiares”, en las que no se produce cocaína para el mercado externo, sino que se procesa y corta la pasta base o el residuo de la producción del clorhidrato para su venta lista para fumar.

A la misma conclusión sobre los motivos de este nuevo mercado arribó un grupo de investigadores uruguayos en “Características del consumo y mercado de PBC en Montevideo ”. Además, atribuyen la rápida difusión de la sustancia a la combinación entre su bajo precio inicial, la gran cantidad de puntos de venta y la escasez y el alto precio del clorhidrato de cocaína.

Esos cambios coincidieron con la peor situación socioeconómica de la historia argentina. Durante la crisis de 2001-02, el 54,3 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza y el 34,2 por ciento de quienes querían trabajar estaban desocupados o subempleados. Los siguientes tres años mostraron una mejoría, pero aún la pobreza afectaba al 38,5 por ciento de la población y la indigencia al 13,6.

En ese contexto no sólo se incrementaba la demanda de paco, también eran más quienes estaban dispuestos a encontrar en su procesamiento y comercialización un modo de sobrevivir. De acuerdo a la investigación desarrollada en Uruguay, un vendedor de pasta base lograba un ingreso 30 veces mayor que al que podía obtener con un salario.

En Sujetar por la herida: Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud, la antropóloga María Epele asegura que “la tensión entre el hambre y la desesperación generó el caldo de cultivo para que algunas personas que nunca habían tenido que ver con ‘algo ilegal’ tuvieran que someterse a esta nueva lógica”. Se refiere a la lógica empresarial de los y las transas que empezó a prevalecer. A cambio de “ayuda” o una paga, muchos se sumaron a ese mercado prestando casas o realizando alguna tarea. Pero las consecuencias, como el encarcelamiento o el acercamiento del consumo no deseado a miembros de la propia familia, volvió a transformar en pérdida lo que parecía beneficio.

No apto para el consumo humano

Que la llegada del paco coincidió con un cambio en el perfil de los consumidores es la hipótesis que sostiene Gustavo Zbuczynski, psicólogo del Centro Carlos Gardel de Asistencia en Adicciones e integrante de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA). “Por toda la degradación social que dejan los noventa hay un incremento de los chicos en situación de vulnerabilidad, abandonados en los pasillos de la villa, sin lugar en la sociedad. Y en muchos casos –detalla– empiezan a engancharse en un consumo muy temprano de una sustancia muy dañina como el paco. Y a eso hay que sumarles los daños sociales asociados. Porque el pibe que está bajo consumo de paco durante buena parte del día pierde la posibilidad del contacto con los otros, de ir a la escuela, la posibilidad de desarrollarse.”

A pesar de las disímiles composiciones que puede tener el paco, que va desde la pasta base encontrada en análisis de muestras hechos por la Unidad de Toxicología del Hospital Fernández hasta el hallazgo de tóxicos en estudios elaborados por el uruguayo Polo Tecnológico de Pando, ARDA considera que se trata de una sustancia no apta para el consumo humano. Es por eso que se ven limitados en las acciones de reducción de daños que pueden llevar a cabo.

Evitar una pipa de metal que queme los labios y derive en heridas e infecciones es una de las alternativas. Pero no consideran que el impacto en la salud del usuario sea muy importante. Para ellos el trabajo fundamental es brindar información marcando las diferencias entre las sustancias que pueden consumirse y las que no, con el objetivo de que los consumidores puedan decidirse por las menos dañinas.

También en reducción de daños trabaja el Centro La Otra Base del Encuentro, ubicado en el Bajo Flores. Desde hace dos años, a los talleres y la atención ambulatoria que ofrecen, le sumaron recorridos por las calles y los pasillos para tomar contacto con las ranchadas. “Tenemos dos equipos formados por trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y médicos. Se recorre el barrio, en los lugares en los que ya sabemos que los chicos están consumiendo, y tratamos de, a partir primero de una aproximación, hacer que se vuelvan a apropiar de sus propios cuerpos y que se acerquen a los centros de salud. Así se salvaron muchas vidas, más allás de que quieran o no dejar de consumir”, cuenta Beatriz Baldelli, responsable del Centro.

El informe sobre Consumo de Sustancias en Población General de la ciudad de Buenos Aires de 2006 indica que el consumo de paco es mayor a medida que aumenta el nivel de pobreza. El 2,8 por ciento de la población con necesidades básica insatisfechas lo había consumido al menos una vez. La cifra caía al 0,9 por ciento entre quienes tenían cubiertas sus necesidades básicas.

Un estudio de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones bonaerense desarrollado en 2006 en una villa del sur del Gran Buenos Aires mostró que el 13,8 por ciento de los vecinos consumía drogas ilegales y de ellos el 47,2 por ciento consideraba la pasta base como su droga principal. También concluyeron que el paquero, además de forma parte de un grupo social aislado por su pobreza estructural, era marginado por familiares, amigos y vecinos dado el estigma de “sujeto peligroso” que le otorga el consumo.

Según los datos de la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico ), el consumo de paco creció un 200 por ciento en todo el país entre 2001 y 2005.

Los datos del Observatorio de Drogas porteño marcan que el 13,8 por ciento de los pacientes atendidos en salas de emergencia de los hospitales Penna, Piñero, Santojanni y Álvarez en 2009 concurrieron por consultas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Entre ellos, la droga ilegal más consumida en las seis horas previas a la consulta es el paco, con un 2,9 por ciento de los casos. La marihuana aparece luego, pero consumida casi por la mitad de los pacientes, 1,5 por ciento. Además, la cantidad de pacientes que había fumado paco se triplicó de 2008 a 2009.

Un universo distinto componen quienes tienen información y recursos suficientes como para comunicarse a la línea telefónica de asistencia en adicciones 147. Aun así el paco fue la droga de consulta en el 16,7 por ciento de los casos entre enero y marzo de 2010. El 30,1 por ciento lo hizo por alcohol, el 22,5 por cocaína y el 18,3 por marihuana.

De acuerdo al informe sobre el perfil de las personas que recibieron tratamientos de la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones porteña en 2008, la droga que mayormente motiva el ingreso, con el 64,9 por ciento, es el paco. Además, el 66,7 por ciento de los pacientes consideró que el paco fue la sustancia que más daño le causó, por encima de la cocaína, señalada por el 14,9 por ciento de los varones y el 20 por ciento de las mujeres.

Del reclamo a la acción

Era 2005. Era de noche y había llovido. Isabel Vázquez, que todavía no era una de las representantes del movimiento Madres en Lucha, iba a tener su primer encuentro con el paco. Estaba con su hijo, Emanuel –que iba a ser asesinado de cinco balazos cuatro años más tarde–, y un amigo de él en su casa de Villa Lamadrid, Lomas de Zamora. Escucharon gritos que llegaban desde la calle. Salieron a ver qué pasaba. Al borde de una zanja, un chico le pegaba a otro y le hundía la cabeza en el agua. Lo levantaba de los pelos y lo volvía a sumergir. Entre Emanuel y el amigo los separaron. Se acusaban a los gritos. Uno decía que el otro le había querido robar; el otro, que no le había convidado. Se peleaban por unas dosis que fumaban en una pipa armada con pedazos de una antena de televisión. Después de esa primera escena vino lo demás: el desfile de madres que se acercaban al comedor comunitario del que se encargaba Isabel preocupadas por lo que les estaba pasando a sus hijos, el descubrimiento de los kioscos, el juntarse para buscar un cambio.

Las madres iniciaron su camino enfrentando aquello que a primera vista había llegado para modificarles la realidad: los transas. Además de escribir cartas e ir al encuentro de funcionarios municipales, provinciales y nacionales para que pusieran el problema del paco en sus agendas, la acción originaria de estas mujeres del conurbano bonaerense fue un escrache a ese lugar de venta que habían encontrado en medio de su barrio. Esa primera marcha fue un fracaso, o parecía serlo. Fueron cinco personas que pasaron corriendo frente a la casa de un transa. Pero a la siguiente llegaron a ser un centenar.

Esas protestas no eran suficientes. Entonces las madres se conectaron con otras y consiguieron un espacio donde reunirse. “Es un lugar no sólo para los pibes, sino también para las mamás, donde se las pueda contener, se las pueda guiar, donde cada uno puede contar su experiencia. No se les da una receta mágica, porque no existe. Pero se las apoya y se les da información sobre adónde ir, con qué contamos, eso es fundamental”, asegura Isabel.

Una de las primeras alternativas que hallaron para los usuarios de paco fue recurrir a los tratamientos de la Sedronar. Hoy no creen que sea la mejor opción. “A nosotras no nos gusta que los chicos se internen, tratamos de que sea el último recurso, pero hay chicos que lo necesitan”, señala y no se guarda las críticas hacia las condiciones en las que funcionan muchas de las comunidades terapéuticas.

Para ellas es fundamental que los chicos tengan un oficio, un trabajo para cuando terminen el tratamiento. En el centro que montaron en Villa Lamadrid organizan talleres de costura, herrería, serigrafía y estampado. También explotan un estacionamiento cercano a la feria La Salada con jóvenes que están dejando el consumo.

Alicia Romero es compañera de Isabel desde antes de aquel primer escrache poco concurrido. Para ella, la despenalización del consumo y de la tenencia de drogas es una vía para ayudar a quienes tienen problemas con la sustancia. “Que los pibes en lugar de ir a la cárcel vayan a hacer rehabilitación –pide–. Porque ahora les hacen una causa federal y quedan excluidos y marginados. Ya saben que no pueden ir a tocar ninguna puerta.”

Con el tiempo, la madres pasaron del puro reclamo al Estado, a la participación. Ahora Isabel dirige el Servicio en Adicciones (SEA) de la Municipalidad de Lomas de Zamora, desde donde puede aportar su experiencia. Desde su llegada cambiaron algunas cosas que, aunque simples, son importantes. Antes, por ejemplo, el horario de admisión era corto y temprano en la mañana. “Pero al pibe que quiere hacer su primer tratamiento –afirma– no le podés pedir que venga a las 8 de la mañana: cuando viene lo tenés que recibir. Acá es un lugar donde damos tratamientos ambulatorios, información y contención. Acá escuchamos y están las puertas abiertas, al que quiere venir se lo escucha, se lo abraza.”

La expansión del paco puso en evidencia las falencias de los dispositivos para el tratamiento de adicciones con relación a dos clases de usuarios: los chicos que aún no alcanzaron la adolescencia y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, y las mujeres.

María Verónica Brasesco es investigadora del Observatorio de Drogas de la Ciudad y una de las autoras de “Consumo de Paco y sustancias psicoactivas en niños y niñas en situación de calle y jóvenes en tratamiento”. Lo primero que destaca es el motivo del uso de drogas entre estos chicos, ligado “a la posibilidad de superar dolor, temor y espanto en un contexto de extremísima pobreza”.

Debido a la gran desconfianza que estos chicos sienten hacia los adultos, casi no llegan a las instituciones en las que podrían recibir algún tipo de asistencia y entre quienes sí lo hacen son muchos los que las abandonan sin poder terminar un tratamiento. Una de las alternativas que sugiere Brasesco es sumar dentro de las instituciones, al menos durante un período, a los operadores de calle, que son los primeros en tener un acercamiento con los chicos y con quienes desarrollan un lazo de confianza.

Otros inconvenientes son la escasez de lugares que atiendan consumos problemáticos de drogas y estén pensados para quienes aún no llegaron a la adolescencia y la aplicación de terapias verbales en chicos que generalmente abandonaron la primaria, no tuvieron estimulación y manejan un lenguaje muy pobre.

El caso de las mujeres consumidoras fue analizado en una investigación coordinada por la socióloga del Instituto Gino Germani Ana Clara Camarotti y llevada a cabo durante dos años en la villa 21-24. Algunos de los descubrimientos que hicieron fue que debían permitir que las consumidoras concurrieron al centro de asistencia con sus hijos, que las mujeres sufren una sumatoria de estigmatizaciones por ser usuarias de paco, por ser pobres y, además, por ser mujeres, que por lo general las familias brindan más apoyo a los hombres que deciden comenzar un tratamiento que a ellas, que debían plantear alternativas para atraerlas evitando la marca negativa que significa ser consumidora y que padecen más formas de violencia, como la explotación sexual o los abusos.

A partir de esas conclusiones, organizaron cursos de capacitación con una perspectiva de género orientados a operadores comunitarios y terapéuticos que trabajan en el barrio sobre temas como violencia y prevención de enfermedades, sobre todo tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. También organizaron en el Centro San Alberto Hurtado un grupo terapéutico y una serie de talleres artísticos que buscan satisfacer las necesidades particulares de las usuarias.

Dentro de 20 años

Ignacio O’Donnell lleva 15 años trabajando en adicciones y más de cuatro haciéndolo desde el Ministerio de Desarrollo Social porteño. Comenzó cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno, con el paco metiéndose en la agenda. Fue idea suya la creación de Casa Puerto, Casa Flores y Casa Faro, centros dedicados específicamente a personas y jóvenes con consumos problemáticos de pasta base. Hace poco más de dos años notó que eso no era suficiente. Propuso ir más allá: armar tratamientos ambulatorios dentro de las villas. Superada la resistencia inicial, lo logró. Hoy hay cinco Centros Integrales de Atención Comunitaria (CIAC), cada uno con un anexo, que funcionan en Ciudad Oculta, villa 19, Villa Lugano, Villa Soldati, villa 21y La Boca, entre otros barrios.

Si tiene que definir su trabajo, O’Donnell no se ubica dentro del paradigma abstencionista ni del de reducción de daños. “Muchas veces todos terminamos haciendo reducción de daños. Pero hay una cuestión de dar un mensaje: para nosotros la abstinencia sí es importante, aunque no es obligatoria. Hoy atendemos a gente que no para de consumir y sigue yendo a tratamiento, porque –argumenta– tampoco es coherente que expulses a alguien por manifestar su patología. Y vos a un paquero primero le tenés que dar de comer, le tenés que dar un baño, le tenés que dar ropa limpia, llevarlo al hospital, y después hablamos.”

De hecho, los CIACs son dispositivos de umbral mínimo de exigencia. Es decir que se atiende a quien llegue sin importar en qué estado lo haga. Lo ideal es que primero haya una entrevista de admisión con un psicólogo o psiquiatra y un consejero en adicciones para determinar cuál es el la mejor forma de encarar el tratamiento. “Pero eso depende de cómo vienen –sostiene O’Donnell–, porque si la persona está muy mal, hacer la entrevista entera es torturarlo en lugar de ayudarlo.” A los tratamientos ambulatorios, le suman la posibilidad de la internación cuando es necesario.

Ese abanico de opciones es el que rescata O’Donnell como el camino a seguir por una necesaria reestructuración del sistema de tratamientos en la Argentina: “En países desarrollados, el 80 por ciento de los centros son ambulatorios y el 20 son de internación. Acá es al revés. Hay que hacer algo más circular, de trabajo comunitario, con centros de día, que si hay internaciones sean breves y que cada uno ingrese al nivel que necesite según su gravedad. No son cosas que uno las inventó, si mirás países de Sudamérica más avanzados en el tema, como Colombia o Brasil, van hacia eso”.

Y agrega algo más: las secuelas. Qué hacer en el futuro con quienes hoy tienen consumos problemáticos y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. “Se viene un problema de drogas muy grande –advierte–. Hay mucha gente honesta que trabaja y que tiene mucha creatividad y compromiso, pero no alcanza. Estamos generando pibes que se alimentan en comedores, que son analfabetos funcionales a los 15 años y que no le ven ningún sentido a terminar el colegio. Y a un pibe de 18 que viene consumiendo desde los 10 no lo podes poner directamente en una escuela: lo tenés que reparar educativa, vocacional, cognitiva y afectivamente. Eso es lo grave: que lo que está sucediendo ahora va a repercutir de acá a veinte años.”

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Una respuesta a “Paco (un informe inédito, hasta ahora)

  1. Nelida Ortega

    O Donell no fue el creador de Casa Puerto sino que por un Amparo del Asesor tutelar Dr. Moreno en el año 2006 el Jefe de Gabinete del Ministerio de DDHH de la CABA Alejandro Mosquera convoca a Lic Nélida Ortega especialista en la materia para el armado del Plan de atención Integral de Usuarios de PBC de 8 años en adelante que salió por el Decreto 1681/07 aun vigente.O Donell se sumó posteriormente al Equipo.

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