Paco (un informe inédito, hasta ahora)

Hace poco más de dos años me encargaron un informe sobre el consumo de pasta base de cocaína, conocida como paco, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Por motivos que en rigor desconozco, aunque deben ser de una intrascendencia soberbia, el texto, que según mis editores estaba muy bien, jamás se publicó. Muy tarde, lo subo aquí con la esperanza de que alguien  le dedique al menos una mirada.

“Esto no es un problema de drogas”, sentencia Gustavo Barreiro, uno de los encargados del Centro San Alberto Hurtado, en Barracas, que asiste a jóvenes con consumo problemático de paco de las villas 21-24 y Zabaleta. Acaba de entrar y de saludar con besos, abrazos y “hermanitos” a cuatro chicos, dos chicas y al bebé de una de ellas. Los seis son algunos de los que intentan alejarse de lo que para ellos se volvió adicción. Pero Gustavo insiste con la premisa que le transmitió el padre Pepe di Paola cuando lo convocó para la tarea. “Esto no es un problema de drogas”, le confió. Y así comenzaron a desarrollar tareas comunitarias para frenar lo que la aparición del paco estaba agudizando y sacando a la luz como nunca antes. La rápida expansión de la sustancia se había iniciado con el estertor final de los noventa que fue la crisis de 2001-2002 y la devaluación que le siguió. Las políticas de drogas no ofrecieron resistencia y apenas si lo hizo el sistema de salud. Los últimos años de crecimiento económico tampoco aplacaron el fenómeno: en 2008 dos de cada tres personas que llegaron en busca de tratamientos contra las adicciones a entes dependientes del Ministerio de Desarrollo Social porteño afirmaban que el paco había sido la droga que más daño les había causado. Sigue leyendo

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La ley

Ser usuario de drogas es estar fuera de la sociedad. O, peor aún, es estar contra la sociedad. Es representar un peligro potencial, una fuente de temor y riesgo para los demás que debe ser acotada, controlada, encerrada, vigilada, readaptada si es posible. Si se es usuario de drogas, el ordenamiento jurídico actual, el régimen de la aún vigente ley 23.737, ofrece dos caminos con destinos apenas divergentes y que tienen las restricciones a la libertad como elemento común: se es delincuente o se es enfermo.

Pero ya iniciado un proceso judicial, ya puesta a funcionar la maquinaria jurídica y represiva, la diferencia entre ser declarado enfermo o delincuente no es menor. No es igual un tratamiento de “rehabilitación para adictos” que los métodos de los agentes penitenciarios de cualquier cárcel del país.

Y entonces el problema es que la Ley de Drogas, aplicada durante las últimas dos décadas, no establece siquiera criterios claros para determinar de qué lado se está de la fina línea que separa las figuras de la tenencia simple y la tenencia para consumo. Así, a la ominosa legislación se le suma la arbitrariedad de los jueces que deben decidir sobre qué tipo de inadaptado es el acusado.

En ese momento del proceso la ley se hace a un lado para dar paso a representaciones de la medicina, la psiquiatría y el sentido común que se ponen en juego para definir al acusado y argumentar esa definición. Familiares, amigos, testigos son escuchados para que un tribunal pueda establecer qué clase de peligro representa el sospechoso, de qué forma habrá que encerrarlo.

La antropóloga Florencia Corbelle, autora de La construcción del consumidor de drogas en el proceso judicial, explica que así “la mirada se posa no sobre lo que se hizo, no sobre el acto, sino sobre el actor, sobre la persona, y no sobre lo que pasó, sobre la acción realizada, sino sobre lo que es capaz de hacer el imputado”.

Si el juez considera que la acción juzgada fue realizada por alguien que no sufre desórdenes psicológicos ni muestra ningún indicio de adicción, entonces es alguien que actuó de modo plenamente racional, consciente de sus actos, con libertad y de forma autónoma y, por lo tanto, se trata de un delincuente. Por el contrario, los adictos son considerados dependientes, sin dominio de sí, incapaces de construir un proyecto de vida, irracionales y carentes de capacidad de elección. Son, en definitiva, considerados no-personas y, de ese modo, aparece la dimensión social de la adicción como enfermedad. En cualquier caso, delincuente o enfermo, las dos únicas opciones planteadas por la ley, deben ser castigados y apartados de la sociedad por peligrosos.

Las falsas alternativas planteadas por la 23.737 desde 1989 no llegaron de la nada. El contexto en el que esa legislación salió del Congreso estuvo marcado por la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que en 1988 comprometió a los países que la firmaron a establecer como delito la posesión, compra o cultivo de drogas controladas para fines de consumo personal. Y antes estuvo signado por la “guerra contra las drogas” iniciada en 1986 por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, que montó sus políticas antidrogas sobre el pánico generado por la aparición del crack: una nueva forma de la cocaína que se expandió muy rápido y que con la invalorable ayuda de los medios de comunicación hizo creer que era capaz de derruir los cimientos de la sociedad norteamericana.

Pero ese marco no siempre fue igual. En 1986 la ilusión de una ley sobre drogas que no persiguiera a los consumidores fue más real que nunca. El Senado aprobó en general un proyecto que no castigaba a los usuarios, no aplicaba medidas curativas sin consentimiento previo, contemplaba penas graduadas en función de la cantidad de droga traficada y no consideraba delitos la tenencia, el cultivo, la siembra y el transporte cuando fueran llevados a cabo por consumidores. El sueño duró apenas una semana, hasta que los legisladores trataron los artículos en particular y desvirtuaron por completo el proyecto. Algunos nombres de aquella vez aún perduran: el juez de la Corte Raúl Zaffaroni fue uno de los asesores para la elaboración del texto, mientras que los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa fueron dos de los más fuertes opositores a su aprobación.

En esa oportunidad, la ley estuvo muy cerca de coincidir con los veredictos despenalizadores que florecían en distintos tribunales de primera instancia y con el fallo Bazterrica de la Corte que consideró inconstitucional penar la tenencia para consumo personal. Aquella vez no sucedió, pero aún puede ocurrir.

Este texto fue publicado en la edición especial “Derechos Humanos y despenalización” de la revista THC

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Facilidad

Hasta donde sé, a mi madre le extirparon la capacidad de tener pensamiento político. Es posible que haya sucedido hace mucho, en algún momento coincidente con aquella época en la que dejó de escuchar un vinilo de Sui Generis y un cassette de Let It Be para cantar boleros mientras planchaba las camisas de mi viejo junto al grabador que reproducía la voz de María Marta Serra Lima. Su máxima expresión política que logro recordar con mucho trabajo es un “son todos iguales”. Apenas eso. Incluso se escabulle con una agilidad extraordinaria cada vez que después de una elección trato de averiguar a quién votó. Pero el viernes estaba hipnotizada frente al televisor repasando imágenes de la despedida de Néstor Kirchner. Me contó que ese mismo día, a la vuelta del trabajo, se puso a hablar en el tren con una señora que volvía de ver el cortejo.
—Me dio una lástima: me dijo que le había dado hambre y se quiso comprar un alfajor. Pero no lo compró. Me dice: “No sabía que vendían tan caras las cosas en el centro”.
En ese asiento de tren, al lado de mi mi vieja, iba el kirchnerismo. Esa mujer es uno de los emergentes de un proceso que avanza a fuerza de contradicciones y que siete años después de haber llegado al poder puede plantearse como una opción para el futuro, como una promesa.
Una semana antes era difícil contener los insultos por el cinismo del Gobierno ante el asesinato de Mariano Ferreya. Que si había grupos buscando muertos, que no vamos a recibir a los troskos, que nuestros funcionarios no tienen la más mínima responsabilidad. Fue necesario el cadáver de un militante para que el Ministerio de Trabajo diera, en ese caso, un paso coherente con su discurso. La muerte y la explotación como resultados de sectores del Estado al servicio de la renta aún siguen vigentes incluso con un Gobierno que tantas veces demostró que aquello podía ser parte de una época pasada.
El kirchnerismo ya no iba a poder ser visto del mismo modo. Y sin embargo, una semana después, fueron muy largos los segundos que tardé en aprehender el sentido de esa imagen y esas palabras que desde la televisión decían que había muerto Néstor. Su imagen en primer plano fue el inicio. No alcanzó. No podía, no quería, entender qué hacía eso ahí. Por fin, junto con la explicación llegó la desazón, que tal vez jamás termine de comprender.
Como primer paso, me digo que el kirchnerismo es, en parte, eso: una contradicción. Pero una que creemos posible superar o al menos tensionarla lo suficiente para que nos sea favorable. Es el “aún”, la perspectiva cierta de que puede haber justicia, de que existe, al menos, una tendencia a, una posibilidad. Es, quizá, algo de ingenuidad. Debe ser por eso que a siete días de los balazos que marcaron de forma indeleble la relación con el oficialismo caminé desconsolado por Plaza de Mayo entre desconocidos que lloraban y gritaban, que reclamaban seguir. Iba cargando la necesidad de estar, pero con el conocimiento de que debería haber sido más fácil no faltar.

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Ya no sos

Un vaso de café de la máquina, de la que tenía fichas gratis, le servía para tragar dos cafiaspirinas. Ese era su desayuno cuando lo conocí. Así se mantenía despierto durante seis horas más después de haber terminado el turno de la noche en la taquería. Entraba al banco que debía custodiar por una puerta lateral, paraba en la máquina para sacar el café, se lo tomaba y se metía en el baño para mojarse la cara y el pelo.

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No llegaba a los 25 años y era agente de la Federal. No recuerdo su nombre. Creo que nunca me lo dijo, aunque más de una vez tuve que haberle leído el apellido de la identificación que llevaba en el uniforme. Sí recuerdo el nombre de otro: conocer muchos policías es la rara ventaja de trabajar frente a un banco. Era un morocho de metro sesenta y cinco que de todos modos había sido aceptado en la Guardia de Infantería, donde cumplía turnos de veinticuatro horas, a veces encerrado en un micro, para juntar bronca que descargaba a palazos. Los padres le habían puesto Jesús María, pero no se le dio por la piedad: me contaba con orgullo cómo “los zurdos” le tiraban piedras en las manifestaciones. No sé por qué, pero a ese cabo parecía gustarle lo que hacía y se ponía a hablar de eso. Una vez, entusiasmado con lo que contaba, le sacó el cargador a la nueve y lo vacío en el mostrador para dejar claro que las balas no tenían las puntas huecas.

El agente, en cambio, no se llevaba bien con el uniforme. Había entrado a la Federal siguiendo por accidente los pasos de su padre. Fue el contradictorio resultado de su rebeldía adolescente. Rechazó la posibilidad de “hacer algo”, lo que fuera, después del secundario, harto de la escuela técnica. Pero en realidad se negó a elegir entre algunas de las pocas posibilidades que tenía y terminó cuidando los bienes de los demás.

Era imposible adivinarlo cuando se lo veía con el uniforme, pero el agente escuchaba heavy metal. Si me enteré fue porque en esa época mi hermano tenía el mismo gusto musical y una de las remeras que usaba era la del disco “Hay un lugar”, de O’Connor. Cuando se la vio puesta, no pudo contenerse. Le contó que la casa esa que aparece en el fondo, desde donde corren los dos chicos, queda en Llavallol y que más de una vez la había visitado con los amigos porque ahí vivía el cantante de la banda y él es de muy cerca, de Guillón. Contó que siempre vivió ahí y que ahora en un terreno que le compró el padre en la zona estaba estaba construyendo para mudarse con su esposa y su hijo.

Un par de días atrás lo volví a ver, me lo crucé en el Roca. No me reconoció. Los dos íbamos al sur. Él, en un asiento individual, abrazando una mochila que llevaba en el regazo. Se lo veía más gordo, tenía patillas y un aro en la oreja derecha. Debía estar cansado, porque  a diez minutos de salir de Constitución ya tenía los ojos cerrados y dormía con la boca abierta, a pesar de que de los auriculares blancos que llevaba puestos se escuchaba, muy fuerte, una base de reggaeton.

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Cuando las cosas salen mal

“Ante la posibilidad de realizar transferencias, la entidad no se responsabiliza por el robo a mano armada que pudiera sufrir el cliente. Gracias por su comprensión.” Una leyenda similar a esa sería la que, según fuentes del sector financiero, utilizarán los bancos luego de la histeria mediática provocada por los últimos casos de salideras. O no. Quién sabe. Pero es verosímil una medida de ese tipo como intento de los accionistas de los bancos por disminuir los riesgos. Es una alternativa posible ante un delito en el que todos quieren sacar alguna ventaja.

El primer ganador está ahí, escondido cual elefante en el medio de un salón. No son los delincuentes, no. Esos corren los mismos peligros de siempre tratando de hacer lo que consideran su trabajo. Un error, un dato mal dado, el azar, un policía con buena puntería, son muchos los factores que los acechan. No, el primer victorioso es Clarín. Fue, en marzo de 2007, el encargado de popularizar el neologismo “motochorro”. El origen, asegura el propio diario, estuvo en Palermo –dónde si no–­, pero fueron ellos los encargados de llevarlo a la fama. El resto del entramado de los grandes medios no se pudo contener y lo repitió. Y ahí está, esperando que la Real Academia lo agregue a su diccionario en un par de años.

También la política quiere sacar ventaja. Desde el macrismo, por ejemplo, vislumbraron una posible solución fácil y rápida. Por eso repiten que se puede terminar con el problema con una ley que obligue a los mensajeros a usar chalecos con una identificación y les prohíba llevar un acompañante en la moto. Efectista, simple, para que todos lo entiendan. En la provincia de Buenos Aires no fueron tan rápidos de reflejos para las falsas promesas. Daniel Scioli necesitó a una mujer embarazada baleada en una salidera para mostrarse como un hombre de acción y anunciar que impulsará la colocación de más cámaras de seguridad y de inhibidores de teléfonos celulares en los bancos. Al menos fue más hábil para abrir la puerta a los lobbies: frente a los de los fabricantes de chalecos, son mucho más interesantes los que pueda realizar la industria de la seguridad.

La salidera es un delito interesante porque hasta la víctima quiere obtener un beneficio. De qué otro modo –y evitemos alegar la propia estupidez– se explica si no que alguien quiere sacar decenas o centenas de miles en efectivo de un banco. Dos ejemplos son los del empresario que paga en negro a sus empleados o el de aquel que busca eludir el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios. En el último caso se trata de una tasa de 0,6 por ciento sobre el monto de dinero de la operación. El más reciente hecho, el de Carolina Piparo, que copó noticieros y portadas de diarios gracias a la sensibilidad que despiertan las madres, el pago que se evitó fue de poco menos de 480 pesos.

Otra vez la salidera se vuelve fascinante. Son segundos en los que con un arma apuntando se decide el precio de la propia vida. A C. le pasó. Su jefe la creía una empleada de confianza y la mandó al banco a retirar 10.000 pesos para el pago de salarios sin cargas sociales. Alguien la marcó, la siguieron y tuvieron que pegarle un culatazo en la cabeza porque se agarraba con furia a la cartera en la que tenía el dinero de su jefe. Ahora dice que en el momento no se dio cuenta, que fue una reacción involuntaria. Alguna pulsión por conservar el efectivo, tal vez, la hizo decidir.

Mientras que narcotraficantes y corruptos por millones montan complejas redes para blanquear el dinero producto de sus actividades ilegales, para ponerlo de nuevo en el sistema y utilizarlo en el pago de sus tarjetas de crédito, mientras eso pasa, la víctima de una salidera por lo general realiza el camino inverso. La lectura del hampa parece mucho más lúcida. Comprende ese movimiento y va por quien entra en su territorio. Ataca entonces a esos sectores de la clase media que intentan esquivar al Estado cuando les conviene, pero al que le reclaman una utópica seguridad cuando las cosas salen mal.

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Nazis y libros

El gordo nazi de Parque Rivadavia no es sólo un personaje de la revista Barcelona. Existe, es real, tiene un puesto de libros y desde hace tiempo incursiona en el comercio electrónico. El problema es que de algún modo rompe los límites del estereotipo, porque además de textos y memorabilia del Tercer Reich ofrece literatura e, incluso, a precios atractivos.

Después del click satisfecho en el botón de comprar, MercadoLibre manda un mail informando que detrás de ese nombre de usuario que, ahora lo sabemos, tiene reminiscencias alemanas, se encuentra el tipo que alguna vez fue un cercano colaborador de Alejandro Biondini. La ignorancia continuaría si no recordáramos una cantidad excesiva de datos que en primera instancia parecen inútiles. Pero no, lo sabemos. Leímos su nombre alguna vez y hasta lo vimos marchar con un puñado de sus camaradas hacia plaza San Martín para recordar a las “víctimas del terrorismo subversivo”. Leímos su nombre, vimos su foto en alguna nota del nunca bien ponderado Tuni Kollmann, que hasta escribió un libro sobre estos neonazis del subsedesarrollo. Con esa obra se ganó, además del elogio de Zaffaroni, un prolijo grafiti en la estación de Banfield: “Kollmann tragaleche”, se leía hasta que la obra pública kirchnerista de bajo impacto lo tapó con pintura blanca.

No fui yo el que recibió el nombre. Pero vi ese mail de casualidad y quise saber. Y sí, el libro –no recuerdo el título– debía ser retirado en Parque Rivadavia, entre gatos panzones y señores que intercambian estampillas. Hice, también, la pregunta estúpida cuando supe que la compra se concretó. “¿Y, qué tal?” Nada. Era un gordo pelado entregando un libro y diciendo buenas tardes. Ni el tiempo era el suficiente ni el lugar el correcto para demostrar el odio que, se supone, sentía hacia su comprador a partir del momento en el que le conoció el apellido que a él, perspicaz para esas cosas, informado después de tanto preguntar en un ejercicio policíaco sobre la genealogía de los demás, le revelaba una historia, una pertenencia. En ese contexto es un vendedor correcto, atento a las calificaciones de sus compradores y preocupado por cuidar su fuente de ingresos. No queda para nada bien una calificación que diga “el libro estaba en buen estado, pero el vendedor me dijo que a Hitler se le escaparon unos cuantos”.

El problema aparece ahora que ya sabemos. Porque encontramos ese libro que queremos leer y que es más caro de lo quisiéramos, pero que ahí, usado, es barato, posible. Al hallazgo le sigue el click en el vendedor para averiguar si es confiable y entonces aparece el nombre de usuario con reminiscencias alemanas. Dudamos. No está claro por qué, pero dudamos. La duda de la duda. En lugar de comprar lo dejamos “en seguimiento”, lo controlamos, creamos una angustia, un problema. El chiste antisemita o judío, todo depende, puede decir que el libro es una oferta caza moishes. El gordo nazi lo hace adrede. Como fuere, la compra del libro lleva ya tres meses en suspenso. Cada dos o tres días volvemos a revisar que siga ahí. Decimos que no estamos seguros, nos preguntamos si está bien comprárselo a él. Todavía no hay una definición, no se sabe. Y sin embargo, a veces aparece una solución: clickear, comprar, ir al parque y pedir también un ejemplar de Mein Kampf para hacer un regalo, como los que se venden en el subte, pero con linda encuadernación.

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Códigos

Gran parte del trabajo del periodista descansa sobre la confianza. La relación con las fuentes muchas veces depende de un vínculo, en ocasiones fugaz, que haga posible el intercambio de información. Para lograr un dato hay que convencer a quien lo posee de que somos confiables, de que lo merecemos, de que eso que sabe puede decírnoslo y que, si nos lo pide, no vamos a publicar su identidad o siquiera aquello que nos confió. En primera instancia, las declaraciones en off the record no deberían publicarse. Sin embargo, se construyen notas enteras y tapas de diarios con información que nadie es capaz de atribuirse. Cuando el off the record se publica olvidando su origen, cuando junto a las declaraciones aparece la identidad de su autor, entonces lo que se pone en riesgo es el propio oficio. Si la confianza en los medios es escasa, ¿cuánto de ella queda después de ese acto? ¿Quién querría dar información sabiendo que puede ser traicionado?

La revista Noticias incluyó la semana pasada una entrevista al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El tapa vende “Habla Jaime: ‘Sigo viendo a Kirchner'”. Las condiciones en las que “habló” el ex funcionario quedan claras a partir de su penúltima respuesta, que la revista publica sin pudor:

(…) No voy a hacer ningún comentario más porque evidentemente no manejamos los mismos códigos, no quiero que ponga cosas mías, póngalo en boca suya. Jaime no dio un reportaje a la revista Noticias. Que quede bien claro: el ingeniero Ricardo Jaime no ha dado ninguna nota.
Noticias: Jaime, usted podría no haberme contestado nada, o aclarar de antemano que lo que me decía no se podría publicar.
Jaime: Le repito, de los temas judiciales no hablo y esto sí póngalo en boca mía. De los temas judiciales no hablo porque respeto los tiempos de la Justicia.

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